La red ciudadana SARE, ante una nueva etapa

1. La sociedad vasca ha venido reclamando durante más de 34 años el fin de la política de alejamiento, por considerarla cruel e inhumana al mantener a los presos y presas vascos lejos de su domicilio habitual, de sus familias y entorno vital; y por ser además una política contraria a los derechos fundamentales, de acuerdo con una jurisprudencia ya consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una política penitenciaria causante de mucho dolor y sufrimiento, que nos exige a todos/as, la reparación de quienes fueron víctimas de la misma.

2. La superación de esta política de alejamiento, sin embargo, no ha traído consigo el fin de la vulneración de los derechos de los presos y presas vascos. Estamos viendo que la política penitenciaria se está enfrentando a nuevos problemas suscitados por la fiscalía y los tribunales de justicia, convertidos en un poder político en sí mismo. Una parte de ellos está poniendo en cuestión de forma sistemática la política penitenciaria seguida por las autoridades competentes en la CAPV, corrigiendo las decisiones que se adoptan por las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, en demérito de los presos y presas vascos, al oponerse a las decisiones relativas a las progresiones de grado y permisos penitenciarios.

3. La fiscalía y los tribunales de justicia no están actuando en defensa de las personas presas, con criterios jurídicos, sino en base a unas decisiones que trasladan una perspectiva de la política penitenciaria basada en la venganza, el odio y la falta de respeto de la legalidad.

4. Tras serle transferida la competencia, el Gobierno Vasco lleva dieciocho meses desarrollando su política penitenciaria. Son 42 las personas presas que han visto aprobada su progresión a tercer grado, pero de estas 42, a 28 se les ha recurrido dicha decisión y doce de ellas han vuelto a ser ingresadas en prisión en régimen de segundo grado. Algunas de estas personas llevaban meses haciendo vida ordinaria, integradas en el mercado laboral y con su propia vida social y familiar .

El último ejemplo de esta actitud obstaculizadora de la justicia, es el nuevo recurso del Ministerio Fiscal, aceptado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, contra el tercer grado de Joseba Arregi Erostarbe, obligándole, nuevamente, a ingresar en prisión y segundo grado. Un preso de 77 años de edad y más de 30 años de prisión cumplida.

5. Desde la Red Ciudadana SARE, en ningún momento hemos solicitado privilegio alguno para estos presos y presas. Nos hemos limitado a exigir la aplicación de una política penitenciaria ordinaria que pusiera fin a las vulneraciones de derechos que entendemos llevan sufriendo desde hace años. A quienes, intencionadamente, confunden esta exigencia con la impunidad, cabría recordarles que nos estamos refiriendo a personas que llevan una media de 20 años ya privadas de libertad o incluso varios de ellos con cumplientos de más de 30 años de prisión.

6. Una vez que se les ha reconocido su derecho a cumplir condena cerca del domicilio familiar, estando ingresados en centros penitenciarios sitos en Euskal Herria, entendemos que debe cesar la política que impide tener una práctica penitenciaria que respete sus derechos, en especial a la libertad condicional o semilibertad, tras décadas de privación de libertad.

7. Los queremos en casa. ETXERA. Bai, etxera. Porque es esta una reivindicación, amparada por la legislación penitenciaria, que en ningún caso dice que tengan que cumplir condenas dentro de los muros de la prisión hasta el último día, sin acceso a modalidades de cumplimiento en régimen abierto, con mayor contacto con la sociedad a la que pertenecen. Es por tanto esta, una exigencia democrática que no puede ser boicoteada constantemente por tribunales de excepción, como entendemos que lo es la propia Audiencia Nacional.

Etxera bidea gertu, debe de ser, tambien, el cauce, el camino de regreso a casa, no solo de los presos y presas vascos, sino, también, de exiliados y deportados.

8. Denunciamos por tanto a quienes han convertido sus togas en herramienta de venganza, aun a sabiendas de que sus decisiones son contrarias a la propia legislación que dicen y deben defender.

Contrasta esta actitud con la impunidad que gozaron quienes, desde el Estado o sus aledaños, perpetraron asesinatos, torturas y abusos de poder que nunca se investigaron y, cuando se hizo y hubo condena, la misma fue irrisoria y rápidamente liquidada de forma silenciosa.

9. Han pasado más de 12 años desde que ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad armada y más de cuatro desde que decidió su autodisolución. Tiempo más que suficiente para que las actitudes y legislaciones se pongan al servicio de la paz, la convivencia y la resolución.

10. Contra estas decisiones que nos retrotraen a etapas muy lejanas, reivindicamos el fin de las actitudes y legislaciones de excepción, como las leyes 5/2003; 7/2003; y 7/2014, así como la habilitación del cauce de regreso a casa de quienes llevan muchos años, más allá de lo legalmente exigible, sin poder obtener su libertad.

11. Esta reivindicación es absolutamente compatible con la necesaria solidaridad y respeto que deben sentir todas las víctimas de todas las violencias ejercidas en nuestro país. A todas ellas les debemos respeto y no la utilización partidista que de su dolor se está haciendo, como arma arrojadiza contra el contrario.

12. En este sentido, SARE continuará trabajando por un relato inclusivo de la vulneración de derechos que se han producido en nuestro país. Un relato, donde todas las vulneraciones de derechos sean tenidas en cuenta. No puede haber víctimas de primer o segundo nivel. El dolor de todas ellas, debe ser reconocido y reparado. Es esta la única forma de construir una sociedad en convivencia.

13. Es por ello, que queremos trasladar a la sociedad vasca, nuestro compromiso de trabajar por la paz, convivencia y resolución y ello exige el fin de toda expresión de excepcionalidad con la que muchos años después del fin de la actividad de ETA, se continúa vulnerando los derechos de los presos y presas vascas.

Para alcanzar estos objetivos, nos comprometemos, también, a pronfundizar en los consensos en el ámbito político, sindical y social.

Creemos con ello, compartir las ansias de nuestro pueblo de poner fin a una situación que por injusta a todos y todas nos duele.