Cientos de personas en la Manifestación de Durango para denunciar el bloqueo permanente que la fiscalía de la Audiencia Nacional aplica a los terceros grados

Avanzamos, sí. Pero en otras ocasiones retrocedemos o nos hacen retroceder. Sabíamos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el camino que iniciamos hace ocho años era un proceso complejo, con muchas dificultades, pero ello no ha supuesto que hayamos desistido de nuestros objetivos.

Y cuando creemos que tenemos razón, que estamos defendiendo objetivos justos y legítimos y que, además, una gran parte de la sociedad vasca comparte la necesidad de poner fin a la vulneración de derechos que sufren los presos y presas vascos, todo ello nos da fuerza para continuar nuestro camino.

Con el esfuerzo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, pero, sobre todo, con el apoyo de la sociedad civil, estamos consiguiendo poner fin a la política de alejamiento, que tanto sufrimiento ha causado y continúa causando en nuestro Pueblo.

Y, desde hace un tiempo, nos estamos enfrentando a los sectores más conservadores e intransigentes del Estado español. No solo del ámbito de la política, sino también, del ámbito judicial.

Tenemos enfrente a un entramado jurídico-político muy poderoso, que utiliza las togas para imprimir en sus decisiones judiciales una ideología defensora de los postulados políticos de la extrema derecha política.

Una vez sí y otra también, vemos como presos y presas que, habiendo cumplido más de dos y hasta tres décadas de prisión consiguen que se les apruebe el tercer grado penitenciario y alcanzar la semilibertad, son devueltos a prisión y a segundo grado. Eso no es justicia. Eso es venganza. Y cuando la política vengativa entra por las puertas de la Audiencia Nacional, la justicia sale por la ventana.

De los 33 presos/as, a los que el Gobierno Vasco, ha aprobado su progresión a tercer grado y la semilibertad, la fiscalía ha recurrido 23 de ellos, de los que 6 han vuelto a prisión y en segundo grado penitenciario y 13 están a la espera de la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. De esta forma, la Audiencia Nacional, boicotea las decisiones de los profesionales penitenciarios que son los que conocen la evolución de los presos/as.

Hace unos días, fue Joseba Arregi Erostarbe, pero antes fueron 5 presos más los afectados por las regresiones de grado. Arregi, ha cumplido 30 años de privación de libertad ininterrumpidamente. Tiene 76 años. ¿Alguien, con criterios de justicia puede defender que su nuevo encarcelamiento es justo? NO: Es venganza.

Contra todo ello es esta movilización de hoy. Y será la del 7 de enero en Bilbo.

Demostremos en la calle que cada vez somos más quienes apostamos por la convivencia. Quienes nos oponemos a la confrontación. Quienes queremos, paz, convivencia y resolución.

La defensa de los DDHH es cosa de todos y todas. No nos equivoquemos al pensar que eso lo tienen que defender los gobiernos y los estados. NO. Los gobiernos y a los estados no se mueven, los movemos la gente que pacíficamente nos movilizamos en las calles.

Por tanto, la próxima cita es el 7 de enero en Bilbo. Entre todos y todas lo vamos a conseguir, como hemos conseguido poner fin al alejamiento y a la dispersión.