Dos años de desarrollo de la competencia penitenciaria, por parte de la Administración vasca, valoración de SARE

Dos años de desarrollo de la competencia penitenciaria, por parte de la Administración vasca, consideramos tiempo suficiente para poder realizar una valoración, basada en datos, sobre lo que ha supuesto este desarrollo y fundamentalmente, sobre las consecuencias de la misma.

Octubre de 2021 supuso el inicio de un proceso, y creó expectativas positivas con la esperanza de que iniciábamos un nuevo tiempo en el que, una política penitenciaria normalizada debería abrirse paso tras décadas de excepcionalidades que han supuesto y continúan suponiendo claras vulneraciones de derechos en el caso de los presos/as vascos. En este sentido, nos parece interesante recordar lo que al respecto indicaba, recientemente, el asesor para asuntos penitenciarios del Gobierno Vasco, Jaime Tapia, referido a los presos y presas condenados por su pertenencia o colaboración con la organización ETA. “Si tienen derecho a permisos, deben tenerlos, si tienen que salir en semilibertad deben salir y si antes no se hacía es porque se tenía otra perspectiva“

Es por tanto, y queremos insistir en ello, una reivindicación que nada tiene que ver con demanda de privilegio alguno, sino más bien al contrario, con la necesidad de una política y justicia penitenciaria, donde el Derecho Penal del enemigo, que es el NO derecho, deje de ser la norma de actuación.

En este sentido, recordaremos que desde el 1 de octubre de 2021, momento en el que el Gobierno Vasco asumió la gestión de la política penitenciaria, se han aprobado 846 progresiones a 3 grado, de las que han sido revocadas por los Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria 16, que supone el 1,89%. En el caso especifico de los presos y presas vinculados a ETA, han sido revocadas 13 de 55, quedando pendientes del recurso o no del Ministerio Fiscal, 7. Es decir, se han revocado el 24%, lo que supone un diferencia abrumadora en relación a otros recursos en otros tipos de delitos.

A pesar de ello, en términos generales, queremos transmitir una valoración esperanzadora en el desarrollo de la competencia penitenciaria en relación a estos presos y presas.

Bien es cierto que, viniendo de una situación anterior donde las excepcionalidades era la norma común de actuación, la evolución lenta, pero cuando menos evolución, por parte de la administración penitenciaria vasca, nos lleva a esa valoración donde la esperanza se abre paso, ante la injusticia que durante décadas se ha padecido en este ámbito.
Los datos de estos dos años, nos indican dos cosas, con claridad.

La política penitenciaria de excepción se continúa aplicando. Estamos soportando legislaciones pensadas en lo que se denominó “lucha antiterrorista“, concebida y aprobada hace más de 20 años, para unas circunstancias que nada tienen que ver con la situación actual. Aunque suene extraño, no es de recibió que hoy, en Octubre de 2023, tengamos que continuar diciendo que ETA cesó en sus actividades en 2011 y se disolvió en 2018. QUE ETA, YA NO EXISTE.

Los datos que a continuación les trasladamos, nos hace ratificarnos en nuestra valoración:

• Numero de terceros grados, propuestos por las Juntas de Tratamiento y aprobados por el Gobierno Vasco: 55
• Recursos presentados por el Ministerio Fiscal: 31
• Ratificados por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria: 14
• Presos/as, regresados a segundo grado y a prisión: 13
• Pendientes de resolución por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria: 4
• Recursos del Ministerio Fiscal en apelación ante la Sección Primera, una vez ha sido ratificado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria: 6

Hay que tener en cuenta que entre los 55 terceros grados, aprobados por la Administración Penitenciaria Vasca, hay varios que han visto aprobado esta progresión de grado por lo que las personas a las que se les ha progresado de grado, han sido 46, si tenemos en cuenta que varios de ellos, han sido progresados hasta en dos ocasiones pero en este caso, cabría hacer, una valoración positiva de la actitud de la Administración Penitenciaria Vasca, al haber vuelto a proponer esta progresión a 3 Grado, una vez el Ministerio Fiscal, ha recurrido y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha aceptado este recurso.

Estos datos vienen a demostrar lo que venimos diciendo en diversas ocasiones. A cientos de kilómetros de distancia, fiscalía y Audiencia Nacional, toman decisiones sobre presos y presas, de las que nada saben y nada les importa, sin tener en cuenta que de manera permanente sus actuaciones confrontan directamente con las decisiones profesionales de quienes conforman las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que son quienes mejor conocen la evolución de estos presos/as. Y confrontan, también, con las decisiones de la administración penitenciaria vasca.

Lo mínimo exigible es que la norma se aplique con sentido común y flexibilidad.

Cometen un error, quienes se empeñan en mantener la idea de que el 3 grado, es una libertad absoluta, en lugar de una forma diferente de cumplimiento de la pena. Hay otras formas diferentes de cumplimiento de la pena, aparte de la que se cumple dentro de los muros de la prisión. Y es esta otra forma de cumplimiento, en semilibertad o régimen abierto, siendo este uno de los ejes centrales del denominado “modelo penitenciario vasco“ y de hecho es la modalidad de cumplimiento por la que apuesta la Ley orgánica general penitenciaria y el reglamento penitenciario, cuando señalan, en términos generales, que accederá al 3 grado toda persona presa que demuestre que es capaz de vivir en la sociedad respetando el Derecho Penal. Es esta, una forma de cumplimiento de penas que genera menos reincidencia y que además el Gobierno Vasco adopta habitualmente cuando progresa a 3 grado a un número importante de presos/as, como indicábamos anteriormente. El problema se suscita, cuando desde posiciones muy conservadoras, se tiende a confundir la “pena DE prisión“, con la “pena EN prisión“.

Y existe una segunda valoración que queremos hacer, en relación a la propia actuación de la Administración Penitenciaria vasca.

A pesar de la preocupación que suscita la actuación bloqueadora de los órganos jurisdiccionales en el Estado, en términos generales se va avanzando. Un avance que desearíamos se hiciera con mayor rapidez, porque estamos hablando de personas, privadas de libertad, que llevan ya cumplidos largos años de su condena y que, tomando como medida este tipo de cumplimiento, deberían haber sido sujetos de propuesta de progresión a tercer grado, desde hace mucho tiempo.

Desde SARE, entendemos que es necesario emprender, con determinación y sin dilación, un proceso de normalización de la situación, situándonos en el momento en el que vivimos, sin olvidar nada de lo ocurrido, pero tomando las medidas necesarias para que la fase de la violencia superada, se cierre de tal manera que no se genere más dolor.

Continuaremos con las diferentes dinámicas que permitan llegar, a una cada vez más importante parte de la sociedad vasca, para transmitirles la necesidad del compromiso para que acabe esta situación que afecta al ámbito de los derechos. De los derechos humanos. En este sentido, incidimos en que ya desde este inicio de curso continuaremos movilizándonos, como hasta ahora, y próximamente, este mismo mes de octubre, anunciaremos una iniciativa con la que volveremos a apostar por una verdadera convivencia, que solo será posible si esta basada en la defensa de todos los derechos humanos, para todas las personas.