SARE HERRITARRA VALORACIÓN 2022/2023
Como habitualmente hacemos todos los años por estas fechas, queremos trasladar a la sociedad vasca, a través de Vds., la situación, con datos precisos, de los presos/as vascos.
Comentamos primero, el numero de presos/as, en las cárceles de EH, España y Francia, a fecha de hoy:
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TOTAL: 166
• 141 hombres
• 25 mujeres
1. EH 152 (13 en prisión atenuada)
2. Francia: 13
3. España: 1
Presos/as, con enfermedades graves: 12+4 (cuya identidad no es pública)
GRADOS( CCPP CAV y NAFARROA)
2. Grado: 128
3. Grado: 24
Tomamos como referencia el periodo desde mediados de agosto 2022 a agosto 2023.
La primera referencia que queremos hacer y de ello, posiblemente, se derive como consecuencia la actual situación, es que el control jurisdiccional de los presos/as vascos continúa en manos de órganos judiciales ubicados en Madrid: Ministerio Fiscal, JCVP y la Sala Primera de la AN.
Se trata, como siempre hemos denunciado, de órganos judiciales excepcionales en la medida en que se arrogan la competencia que hasta la aprobación de la LO 5/2003, correspondía al juez natural o juez propio del lugar. Es decir, a aquellos ubicados en la CAV o en Nafarroa.
Es por ello, que esta es la primera consideración que queremos hacer.
Con respecto a la actuación del G.V., desde el inicio de su responsabilidad en la competencia penitenciaria, debemos recordar que hasta mediados de agosto 22, en los diez primeros meses de su responsabilidad competencial, las JJTT de los CCPP ubicados en la CAV, realizaron 25 propuestas de progresión a 3G que fueron aprobadas por la Viceconsejería de Justicia.
Así mismo, en aquellos primeros 10 meses, se produjo un avance muy tímido en propuestas de permisos de duración inferior a 48 horas, que, como Vds. conocen, es competencia exclusiva del Gobierno Vasco.
AGOSTO 2022 / AGOSTO 2023
Desde la última semana de agosto 22 hasta el día de hoy, las JJTT han propuesto 24 progresiones a 3º Grado, todas ellas aprobadas por la Viceconsejería de Justicia.
Además, a fecha de inicio de este mes de agosto, hay otras 8 propuestas de progresiones a 3º Grado, aprobadas por las JJTT y pendientes de su ratificación por el Gobierno Vasco.
Éstos son los datos en relación al proceso seguido por la Viceconsejería de Justicia del Goberno Vasco. Datos positivos, pero aún muy alejados del posible resultado de la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, a todos aquellos presos/as vascos que, por el tiempo de cumplimiento, deberían encontrarse en semilibertad o libertad condicional. Desde Sare, calculamos que serían unos 115 presos/as.
VALORACIÓN DE LA ACTITUD DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
Continúan con la misma actitud de confrontación hacia las decisiones de las JJTT, recurriendo una gran parte de las decisiones que éstas adoptan, en relación a las progresiones a 3º Grado y a permisos penitenciarios.
En relación a los permisos penitenciarios, cabría decir que el cumplimiento de las ⅔ partes o ¾ partes de la condena es, para la AN, el momento en el que se debe disfrutar de permisos, cuando la ley prevé que estos permisos se comiencen a producir con el cumplimiento de ¼ parte de la condena.
Además, el acceso a los permisos se sigue bloqueando, incluso cuando se cumplen estas altas cuotas de cumplimiento de la condena, al exigirse para ello los mismos requisitos que se establecen para el acceso al tercer grado: petición de perdón, arrepentimiento, repudio de los propios hechos o colaboración con la justicia.
Continúan concibiendo los permisos como beneficios penitenciarios, en lugar de entenderlos como instrumentos tratamentales.
En materia de clasificación, los datos muestran que de las 24 progresiones a 3º Grado aprobadas por el Gobierno Vasco en este periodo de tiempo (agosto 22/agosto 23), 16 han sido recurridas por el Ministerio Fiscal. Queda pendiente de conocer la actitud que pueda tomar la Fiscalía sobre dos de las tres últimas progresiones a 3º Grado que se aprobaron la última semana de Julio. El plazo para un posible recurso no finalizará hasta el 27 de agosto. Si se recurrieran serían 18 sobre 24 las progresiones recurridas; si no, 16 sobre 24. Lo que supone que se están recurriendo un 75% de las progresiones a 3º Grado que la Administración vasca ha venido aprobando. Estos datos alcanzan aún mayor gravedad, cuando el porcentaje de recursos que la Fiscalia presenta para otro tipología de presos/as, no alcanza el 25%.
De estas 16 progresiones a 3º Grado, recurridas por el Ministerio Fiscal, 6 han sido revocadas por el JCVP y por tanto han regresado a 2º Grado y a prisión; 6 han sido ratificadas por el JCVP, es decir, han sido mantenidos en 3º Grado, al desestimar el recurso de la Fiscalía (en 1 de los casos la propia Fiscalía desistió); 1 quedó sin resolver al finalizar el preso la condena, antes de que se resolviera el recurso y otros 3 se encuentran pendientes, sin resolver.
En esta práctica judicial, los órganos a los que nos hemos referido, ubicados en la AN, ignoran y menosprecian el trabajo y las opiniones e informes de los técnicos (psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales) de los CCPP, así como las opiniones y decisiones o propuestas de las JJTT y del propio GV.
En términos generales, por lo tanto, se constata que la legislación de excepción se sigue aplicando de manera contundente. En este sentido, no cabe sino reiterar lo que hemos venido señalando desde hace tiempo:
Se trata de una legislación pensada en la lucha antiterrorista, concebida y aprobada hace 20 años, para unas circunstancias que nada tienen que ver con la situación actual. ETA cesó en sus actividades en 2011, y se disolvió en 2018.
Se trata de una legislación que contraría absolutamente la filosofía de la LOGP de 1979 y del RP de 1996. Desconoce absolutamente los principios constitucionales de resocialización, reeducación y reinserción social, y busca única y exclusivamente el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, entendido el mismo como cumplimiento entre rejas, rechazando de esta forma, otras modalidades de cumplimiento, recogidas en la legislación penitenciaria. Practican un puro principio retributivo: el que la hace, la paga. Desconoce el tratamiento como instrumento básico de la legislación penitenciaria.
Particularmente, entiende el 3º Grado como una libertad absoluta en lugar de una forma de cumplimiento de la pena, de tal manera que, frente a la filosofía y la literalidad de la LOGP, no se progresa al 3º Grado a quien se encuentra en condiciones de volver a la sociedad, a quien ofrece un pronóstico favorable de reinserción social, sino exclusivamente –con determinadas excepciones, casi siempre ligadas al hecho de que a la persona presa le queda poco tiempo para finalizar su condena- a quien cumple, de acuerdo con la interpretación restrictiva que hacen Ministerio Fiscal, JCVP y la Sala Primera los requisitos de la LO 7/2003.
Y se huye de la obligatoria interpretación de las normas según el contexto en el que deben ser aplicadas (art.3 CC) ( A falta de derogación de una normativa pensada para un contexto absolutamente diferente, lo mínimo exigible es que la norma se aplique con sentido común y flexibilidad. Por ejemplo, parece evidente que, hoy en día, difícilmente se puede demostrar la desvinculación respecto de una organización que no existe, ni se puede colaborar con las autoridades para combatir una actividad que no existe, ni separarse de un entorno y actividades y asociaciones ilegales cuando las mismas se encuentran perfectamente legalizadas.
Antes de entrar a valorar la nueva etapa que se abre tras las últimas elecciones legislativas en el Estado, queremos transmitir con claridad, que a pesar de la preocupación que suscita la actuación bloqueadora de los òrganos jurisdicionales en el Estado, en terminos gnerales, sin duda, hemos avanzado. Las Administraciones Penitenciarias, tanto del Estado, en el caso del cp de Iruña, como en el ámbito de la CAV, están desarrollando su labor en esta materia de manera positiva. Creemos que se ha interiorizado la necesidad de que la politica penitenciaria debe de ser útil, fundamentalmente, para insertar a la personas presas, en la sociedad.
Peticiones al Gobierno español que se conforme tras las elecciones del 23 de julio de 2023
Antes de peticiones concretas, nos parece necesario responder a algunas consideraciones que se han venido haciendo.
Por ejemplo, cuando hablamos de «Etxera», estamos diciendo que los presos y presas vascos deben poder iniciar el camino de regreso a casa. Y esto puede hacerse desde la aplicación de una política penitenciaria ordinaria. Entendiendo que la legislación de excepción es una enmienda de totalidad a la idea de instituciones penitenciarias dirigidas a la recuperación de las personas, una percepción de lo que son las penas y la cárcel claramente punitivista, retrógrada, propia de los regímenes políticos y mentalidades sociales muy conservadoras.
No se entiende que se hable de «amnistía camuflada», «impunidad» cuando nos estamos refiriendo a personas que llevan de media 20 años de privación de libertad, con una media de edad sobre los 50 años, con cuadros de salud preocupantes en muchos casos, y siendo que, si la violencia cesó hace una docena de años, la mayor parte de estas personas están condenadas por hechos que tuvieron lugar antes del año 2000, o en los dos o tres años inmediatamente posteriores, por lo que los hechos que dan lugar a su mantenimiento en prisión se produjeron hace más de 20 años,…
Y hablamos de personas que han llegado a las cárceles vascas después de más dos décadas de encarcelamiento en condiciones absolutamente inaceptables, frontalmente contrarias a los DDHH: alejadas a cientos o miles de kilómetros de su domicilio, que han cumplido la mayor parte de sus penas en primer grado, frecuentemente en módulos de aislamiento, sin derecho a participar en actividades de la prisión, penosa atención médica, .. Son procesos de resocialización que han estado bloqueados durante décadas y, por tanto, lo que estamos pidiendo no son tratos de favor o privilegios. NO. Estamos pidiendo el fin de las excepcionalidades y todo ello es compatible con el debido respeto y reconocimiento de todas las víctimas de todas las violencias desarrolladas en nuestro país.
La falta de resolución a la situación de los presos y presas vascas, así como una actitud consensuada sobre el tratamiento a todas las víctimas, después de doce años de finalizada la actividad de ETA, es difícilmente entendible.
¿A quién le conviene esta situación? ¿Quién tiene interés en que esta situación se perpetúe? Los mismos que dijeron que finalizada la violencia todo se reconduciría (las legislaciones de excepción se concibieron, según quienes las aprobaron, para ello, para forzar la desaparición de dicha violencia) ahora se empecinan en que nada cambie, en que todo siga igual. La política de alejamiento, ha finalizado 10 años después de la decisión de ETA de poner fin a su actividad. Politica de alejamiento de la que también dijeron durante décadas que no atentaba contra los derechos fundamentales de los presos y sus familias, y a la que renunciaron simple y llanamente porque la misma ya carecía de sostén social. Y ahora se enrocan en el cumplimiento íntegro de las penas, sin más objetivo que provocar dolor.
Porque, ¿Qué sentido tiene el alargamiento de estas situaciones de prisión? ¿Qué mal se conjura con el mismo? ¿Qué beneficio social genera? ¿A qué objetivo, en el plano de la convivencia y reconciliación, sirve? Cerrar los pasos a procesos de excarcelación previstos, diseñados y queridos por la ley penitenciaria ordinaria solo sirve para satisfacer a quienes quieren que nada cambie.
Desde nuestro respeto, ya manifestado en múltiples ocasiones, a todas las víctimas de las violencias, debemos reiterar que respetamos su dolor porque responden a sus legitimos sentimientos. Otra cosa diferente son aquellas asociaciones de víctimas con vocación política, que no pueden marcar criterios de política penitenciaria a un estado; o aquellos otros sectores que recurren, en contra del sentir de un número importante de víctimas, a utilizar políticamente su dolor.
Hay que decir alto y claro que ETA ya no existe. Que es tiempo de avanzar en el camino de la convivencia y eso supone alcanzar acuerdos en dos temas fundamentales, la no utilización del dolor de las victimas en beneficio partidista y una solución al problema de las cárceles, que solo puede venir dado, por el fin de las excepcionalidades.
Desde SARE, entendemos que es necesario emprender, con determinación, un proceso de normalización de la situación, situándonos en el momento en el que vivimos, sin olvidar lo que ocurrió –y todo lo que ocurrió- pero tomando las medidas oportunas para que la fase superada se cierre de tal manera que no se genere más dolor.
Ello requiere de:
La derogación o cuando menos su adaptación a las actuales circunstancias, mediante modificaciones parciales, de la legislación excepcional creada hace 20 años. O, cuando menos, su interpretación de acuerdo con el contexto en el que nos encontramos.
Se trata de una legislacion, cuyos contenidos han quedado superados, y que son objeto de crítica por diferentes sectores del mundo académico y judicial en absoluto conniventes con las personas presas o la organización a la que pertenecieron.
En paralelo, el control de los procesos de paulatina vuelta a la sociedad de estas personas debe ser ejercido por la misma sociedad a la que van a regresar. Es la sociedad vasca quien va a reintegrar a estas personas y, por lo tanto, los procesos a seguir por la aplicación de una legislación ordinaria deben ser diseñados, dirigidos y propuestos y aceptados por la sociedad vasca, a través de sus instituciones políticas y judiciales. El control de estos procesos no puede estar en manos de personas que no conocen el país, ni a la sociedad vasca ni a estas personas, que no son capaces de calibrar hasta qué punto estas personas se encuentran plenamente capacitadas para retornar a la sociedad y hasta qué punto esta sociedad está dispuesta a aceptar dichos procesos. El control judicial con puente de mando en la AN debe desaparecer. Las instituciones vascas (comenzando por los técnicos de los CCPP y sus JJTT, siguiendo por el Gobierno Vasco y terminando en los órganos judiciales a los que se devuelva la competencia en materia de supervisión de la ejecución de las penas impuestas a estas personas) están plenamente capacitadas para, atendiendo a todas las sensibilidades, adoptar los acuerdos procedentes para finalizar con una situación que, como hemos señalado, a nadie sirve y a todos nosotras y nosotros nos duele.
Finalizamos, reiterando nuestra esperanza de superar todas las dificultades a las que nos hemos venido refiriendo. Vamos avanzando y confiamos que entre todos y todas, sepamos alcanzar un consenso que nos permita como sociedad, avanzar hacia la convivencia.
