RED CIUDADANA SARE – Balance desde el 01 de Julio de 2021 al 01 de Agosto de 2022

El objetivo de esta comparecencia es, al igual que otros años, realizar una valoración sobre la situación actual de los presos y presas vascos.

Hace ahora un año, por estas fechas, nos encontrábamos en una situación que nos invitaba a ser optimistas, pues se acababa una especie de primera parte de la política de alejamiento, con todos los presos/as vascos, más cerca.

Objetivamente, debemos indicar que desde el 1 de julio del pasado año, fecha en la que se puso fin al uso de las cárceles de Andalucía, País Valencià, Murcia y Galicia, las más alejadas, como lugar de ubicación de los presos vascos, se ha producido una evolución si bien lenta, pero positiva, con auténticos parones y más recientemente nuevos movimientos, que nos permiten albergar la esperanza de que lleguemos a este KM 0 en los próximos meses, y de que una parte importante de estos presos/as, se encuentren ya ubicados en centros penitenciarios de Euskal Herria.

La experiencia nos está demostrando que estos movimientos que dependen de la Administración Penitenciaria española se atascan, por lo que es necesario continuar insistiendo y empujando para que lo que ahora ya la inmensa mayoría política entiende que era un derecho indubitado: el de cumplir las penas en las cárceles más cercanas al domicilio de cada cual, se acabe respetando de manera absoluta y urgente.

Porque no es menos cierto que cuatro años después de que el presidente del Gobierno anunciara un cambio de la política penitenciaria y el fin del alejamiento, aún un 28% de estos presos, 47 personas, se encuentran ubicados lejos de sus casas.

Esta es la situación:

Tomando como referencia de origen, Gasteiz

. 2 Villabona (350 km)
. 1 Burgos (115 km)
. 2 Daroca (350 km)
. 8 Dueso (130 km)
. 8 Dueñas (210 km)
. León (295 km)

• 2 Estremera (380 km)
• 2 Soria (195 km)
• 3 Topas (355 km)
• 4 Zuera (290 km)

Todos estos kilómetros para solo unos 40 minutos de visita.

Por tanto, aún, desgraciadamente, no podemos decir que la política de alejamiento haya finalizado.

Sin embargo, nuestra esperanza es que este año podamos cerrar este capítulo nefasto de vulneración de derechos de presos y familiares y podamos dedicar nuestros esfuerzos a otros objetivos que más adelante comentaremos.

En este balance no podemos olvidar la situación de los presos y presas vascas en cárceles francesas. La situación de estos 20 presos/as, en algunos casos, con cadenas perpetuas, es también denunciable y así lo están haciendo nuestros compañeros de Bake Bidean junto con los Artesanos de la Paz.

Como bien conocen ustedes, cuando hablamos de vulneraciones de derechos o políticas penitenciarias de excepción no nos referimos solo al alejamiento. Hay otras formas de vulneraciones de derechos e incumplimientos de la Ley General Penitenciaria, de sus normas y reglamentos. Hoy, la excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de la Administración penitenciaria.

Porque este año nos está enseñando su peor cara en el otro aspecto de nuestro trabajo: conseguir que los presos/as vascos, puedan abordar su vuelta a la sociedad o, con más precisión, su vuelta a casa, de acuerdo con la legislación ordinaria, sin quedarse atrapados en esa tela de araña que es la legislación de excepción.

Ha sido un año desesperante, aunque se han dado tímidos pasos. Algunas de estas personas han conseguido entrar en el régimen de permisos y otras han avanzado más y han sido progresadas al tercer grado, o a alguna forma de cumplimiento en semilibertad, que necesariamente debemos valorar positivamente.

El problema se presenta cuando este proceso de vuelta a casa se ve interferido por la acción de diferentes órganos y administraciones, y todo ello precisamente por la existencia de esa legislación excepcional en la que juega un papel determinante la Audiencia Nacional, con tres instancias en cuyas manos acaba todo: La fiscalía de la AN; el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo Penal de la AN.

Estas tres instancias judiciales, con alguna matización, están ancladas en una posición de bloqueo de cualquier avance hacia la normalidad. Los tribunales deberían ser los garantes de los derechos de la ciudadanía, también de los derechos de las personas en prisión, pero no están jugando este papel.

De manera muy resumida, existe una cerrazón ante la posibilidad de que las personas presas puedan disfrutar de permisos, cerrazón también ante la posibilidad de que estas personas puedan progresar a este régimen de semilibertad y cerrazón ante la posibilidad de que se recorten las penas como consecuencia de los beneficios penitenciarios a los que todo preso o presa tiene derecho.

Como dato objetivo y atendiendo al tiempo cumplido en prisión, el 90% de los presos y presas vascos está en situación de disfrutar de permisos penitenciarios y, sin embargo, no más de 30 lo están haciendo.

Lo mismo, con las progresiones a tercer grado y a la semilibertad: unos 80 presos/as, están en condiciones, por el tiempo de privación de libertad cumplido y, por el contrario, no más de 20 están en esta situación.

Sería una ingenuidad interpretar que esta situación se debe a razones jurídicas.

Esto se está haciendo desde el impulso político en los órganos judiciales y tal como decíamos hace unos días, debido a que la Audiencia Nacional se ha convertido en el órgano jurídico de la extrema derecha política.

Y esta cerrazón y politización de la justicia se produce desde instancias judiciales situadas a 400 km de Euskal Herria y controladas por jueces y fiscales de un órgano judicial de excepción. Jueces y fiscales que no conocen este país, que no conocen el sentir de la sociedad vasca y que desoyen las recomendaciones y las propuestas que les hacen las Juntas de Tratamiento, las direcciones de las cárceles, los técnicos y las personas que conocen la evolución de los presos y presas vascos. Sistemáticamente se recurren por parte de la fiscalía las decisiones que toman quienes están más cerca en el día a día de estos presos y presas, llegando incluso a suspender la libertad reconocida por la Administración Penitenciaria, antes de que se apruebe o no el recurso de la Fiscalía.

Esta forma de intervención de los poderes públicos la calificamos, sin ambages, como cruel e ilegal.

La calidad democrática de un país tiene un índice de caracterización precisamente por la forma en que trata a las personas en prisión. Y no es precisamente el Estado español el que puede dar lecciones de calidad democrática en este ámbito.

En este sentido, desde la Red Ciudadana SARE debemos reconocer como positivo que desde esta otra instancia, desde quienes están más cerca de estos presos/as, se hagan esfuerzos para evitar las nefastas consecuencias de la legislación de excepción. Legislación esta, que o es interpretada de manera radicalmente diferente o es derogada, puesto que, de otra manera, será imposible que algunas de estas personas logren salir vivas a la calle.

Frente a la venganza y los criterios políticos, es necesario que se apliquen criterios de estricta justicia, de modo que las personas que estén plenamente capacitadas para volver a la sociedad no se pudran, sin sentido, en las prisiones.

Este, que es un criterio básico de toda la legislación penitenciaria ordinaria, debe ser también el criterio que rija para los presos/as vascos.

No pedimos ningún privilegio. Exigimos el fin de la excepcionalidad. No a criterios de lucha antiterrorista, cuando ya han pasado once años desde que desapareció la actividad de ETA y más de cuatro desde que se disolvió.
Estamos seguros/as que la gran mayoría de la sociedad vasca, es decir, todas aquellas personas que no están ancladas en las coordenadas del pasado, agradecerán la determinación de aquellas Administraciones que trabajen en aras de la normalización y la convivencia.

Permanecer pasivos ante una legislación que impone condiciones draconianas para que estas personas vuelvan a la sociedad es una irresponsabilidad, sobre todo si se tiene en cuenta que hablamos de personas que ya han pagado quince, veinte, veinticinco y algunos más de 30 años de prisión, sometidos durante años a una política penitenciaria vulneradora de muchos de sus derechos.

Por todo ello, reclamamos que se reconozcan los derechos fundamentales de las personas en prisión:

1.- Su derecho a cumplir condena cerca del domicilio habitual.

2.- El derecho a disfrutar de su vida familiar, que también corresponde a las personas en prisión.

3.- El derecho a la vida que garantiza su derecho a la salud, en especial el de las personas con enfermedades que suponen un riesgo evidente para su vida.

4.- El derecho a que las condenas no se alarguen en el tiempo, convirtiéndolas en condenas a perpetuidad. Para ello es imprescindible que se vuelva a la jurisprudencia de los tribunales que contabilizaban en las condenas los períodos cumplidos en prisiones de otros estados miembros de la UE.

5.- El fin de toda legislación de carácter de excepción que está impidiendo la normalización en nuestro país.

Ya vamos tarde. Hace tiempo que esta normalización de las cosas debería haberse producido. Cada cual tiene su responsabilidad, y nosotros asumimos la nuestra: recordar, mediante la denuncia y la movilización, que la existencia de casi 200 personas privadas de libertad, en las actuales circunstancias, no tiene justificación alguna.