Gasteiz | Rueda prensa presentación manifestación enero 2026

Porque estamos hablando de derechos. En un Estado de Derecho, los derechos, por definición, nunca deben vulnerarse y, si se vulneran, se denuncian y se defienden. Es un deber cívico defenderlos

Y porque mantener esta situación por más tiempo no beneficia a nadie.

Por ello, les hemos convocado hoy, para anunciarles que miles y miles de personas volveremos a llenar las calles de Bilbo, el sábado día 10 de enero, para defender los derechos de personas privadas de libertad y, sobre todo, para apostar por la resolución, la paz y la convivencia en Euskal Herria.

Esta convocatoria de hoy nos sirve también para hacer un balance del camino recorrido, pero, aún más importante, para recordar la parte del camino que nos queda por recorrer.

Han tenido que pasar 34 años, para qué en marzo de 2023, se pusiera fin a la cruel política de alejamiento.

Otros tantos años, para que la práctica totalidad estos presos y presas dejaran de estar en primer grado penitenciario, régimen cerrado. Un régimen de vida en prisión que, por las limitaciones de derechos que acarrea, debería ser un hecho excepcional.

Y, desde ese año 2023, los avances que se han producido han sido importantes. Es de justicia, reconocerlo.

Desde Sare, consideramos que ahora nos toca enfilar la última parte de un proceso que se ha alargado mucho y que ha creado mucho sufrimiento.

Y para que esta última parte del camino no se alargue innecesariamente, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca. Hagamos este camino juntos, al margen de adscripciones ideológicas. Hagamos una apuesta por la resolución, la paz y la convivencia.

Hace unos días, recordábamos que las cárceles de Euskal Herria albergan a 123 presos/presas y 3 más en territorio francés.

Recordábamos que, aproximadamente, 63, continúan en segundo grado penitenciario, a pesar que han cumplido la mitad de su condena, esto es, la parte de condena que la ley exige para progresar al tercer grado.

Recordábamos que más del 25% de estos presos/as (32), tienen una gran parte de su condena cumplida y sin embargo, no han tenido ni salidas programadas, ni permisos penitenciarios, aunque la normativa penitenciaria indica que, con el cumplimiento de una 1/4 parte de la condena es posible acceder a estas medidas.

Y resulta difícil de comprender que la aplicación de criterios arbitrarios y discrecionales pueda ser la base de lo que se ha venido a denominar Modelo Penitenciario Vasco. No todas las personas presas deben de progresar de la misma manera, pero todas ellas deben ser tratadas con los mismos criterios. Y las autoridades penitenciarias centrales de la CAV deben actuar con claridad en un tema como este.

Hay muchas razones para que el 10 de enero volvamos a exigir una política penitenciaria ordinaria sin excepciones.

Excepciones que aún se mantienen en el ámbito político/legislativo, con leyes restrictivas de derechos que fueron aprobadas “ad hoc” para estos presos y presas, en tiempos que nada tienen que ver con los actuales. Si ya entonces eran rechazables, por la vulneración de derechos que suponían, más lo son ahora, tras más de 15 años de la desaparición en la práctica de ETA.

Excepciones que no acaban de desaparecer en el ámbito judicial, donde subsisten algunas actitudes que se alejan del Derecho Penitenciario ordinario y mantienen criterios excepcionales, exigentes incluso más allá de la literalidad de la ley, pero que no empañan, afortunadamente, los cambios positivos en la interpretación, por parte de fiscales y jueces, de esa legislación aún vigente, abandonando antiguas posiciones de bloqueo total.

Y excepciones que se mantienen en el día a día, en el tratamiento penitenciario.

Sigue siendo necesario profundizar en el avance que, con carácter general, se ha producido en los últimos años, rompiendo inercias, abandonando clichés y prejuicios y aplicando a estas personas presas criterios propios de un modelo penitenciario avanzado, superando las posiciones ligadas al pasado, cada vez más residuales, pero que entorpecen o retrasan los procesos de vuelta a la sociedad.

Vamos tarde, porque han pasado muchos años, desde que las excepcionalidades deberían haber finalizado. No dejemos que esto siga ocurriendo.

Esta situación no puede alargarse más.

Por eso bajo el lema: EZIN DA GEHIAGO LUZATU – NO SE PUEDE ALARGAR MÁS, el 10 de enero, volveremos a exigir una política penitenciaria ordinaria para las presas y presos y el regreso de exiliados y deportados.

Y, lo queremos volver a reiterar, la defensa de los derechos de estas personas presas debe ir acompañada del reconocimiento de los derechos y sentimientos de quienes sufrieron su violencia, u otras violencias. Siempre hemos defendido que todas las personas afectadas por las diferentes violencias de aquellos años merecen el esfuerzo de la sociedad vasca en su reconocimiento y en la reparación de su dolor.

Hemos comenzado esta intervención con esta idea y con ella cerramos: esta situación a nadie beneficia. El final de las políticas de excepción, inevitablemente, acercara posiciones, generará nuevas empatías, sanara heridas. Todo dolor innecesario que se continúe generando, sea quien sea quien lo sufra, es responsabilidad exclusiva de quienes se oponen a la resolución definitiva de las consecuencias del pasado.

Es hora de avanzar, y uno de los primeros pasos, necesariamente, debe ser el de aplicar la legislación, sin excepciones, es decir, dar una solución legal y progresiva, a quienes siguen en prisión.

Y esto hay que hacerlo ya, porque ya vamos tarde.