Ante esta decisión, manifestamos una vez más, nuestra preocupación por actitudes que nada tienen que ver con una justicia de carácter humanista y que se toman a muchos km-s de donde este preso cumple condena, haciendo caso omiso a los profesionales que, día a día, trabajan dentro del centro penitenciario y conocen, sin duda, mucho mejor que la Fiscalía ubicada en Madrid, la evolución de este preso.

Debemos destacar, por su importancia, alguno de los razonamientos que argumenta la fiscalía para decidir, por segunda vez, paralizar la aplicación del 3.grado.

Argumenta, que de aquí a 2032, cuando está fijada el cumplimiento íntegro de la pena, queda aún mucho tiempo.

Lo que no dice la Fiscalía es que este preso lleva cumplidos más de 25 años de privación de libertad; que el acceso al 3.grado es posible a partir del cumplimiento de la mitad de la condena, que se produjo en 2017; y que las ¾ de cumplimiento que daría lugar a la libertad condicional fueron superadas hace tiempo.

Argumenta, también, que ha abonado poco de la Responsabilidad Civil. Ha abonado, en función de los ingresos que ha comenzado a percibir por el trabajo que desarrolla, demostrando su voluntad de hacer frente a ella.

En definitiva, estamos ante decisiones, como más de una vez hemos manifestado, que nada tienen que ver con la justicia y mucho con la venganza, y esto nada tiene que ver con la necesidad de que ahora que se cumple 15 años de la desaparición de ETA, se cierre definitivamente una etapa de sufrimiento en nuestro Pueblo.

Esto no podrá hacerse, mientras persistan los lobbies de poder instalados en la política, la judicatura y los medios de comunicación, empeñados en que nada cambie y abortar la posibilidad de una real convivencia.

Ante esta decisión, manifestamos una vez más, nuestra preocupación por actitudes que nada tienen que ver con una justicia de carácter humanista y que se toman a muchos km-s de donde este preso cumple condena, haciendo caso omiso a los profesionales que, día a día, trabajan dentro del centro penitenciario y conocen, sin duda, mucho mejor que la Fiscalía ubicada en Madrid, la evolución de este preso.

Debemos destacar, por su importancia, alguno de los razonamientos que argumenta la fiscalía para decidir, por segunda vez, paralizar la aplicación del 3.grado.

Argumenta, que de aquí a 2032, cuando está fijada el cumplimiento íntegro de la pena, queda aún mucho tiempo.

Lo que no dice la Fiscalía es que este preso lleva cumplidos más de 25 años de privación de libertad; que el acceso al 3.grado es posible a partir del cumplimiento de la mitad de la condena, que se produjo en 2017; y que las ¾ de cumplimiento que daría lugar a la libertad condicional fueron superadas hace tiempo.

Argumenta, también, que ha abonado poco de la Responsabilidad Civil. Ha abonado, en función de los ingresos que ha comenzado a percibir por el trabajo que desarrolla, demostrando su voluntad de hacer frente a ella.

En definitiva, estamos ante decisiones, como más de una vez hemos manifestado, que nada tienen que ver con la justicia y mucho con la venganza, y esto nada tiene que ver con la necesidad de que ahora que se cumple 15 años de la desaparición de ETA, se cierre definitivamente una etapa de sufrimiento en nuestro Pueblo.

Esto no podrá hacerse, mientras persistan los lobbies de poder instalados en la política, la judicatura y los medios de comunicación, empeñados en que nada cambie y abortar la posibilidad de una real convivencia.