El 10 de diciembre, Día Internacional de los DDHH, estaremos en Ginebra, como representantes de varias organizaciones de Euskal Herria, junto a compañeros/as de Catalunya, para dar una rueda de prensa sobre los informes presentados hace meses en el Comité de DDHH de la ONU.

Cada cinco años, los 193 países, miembros de la ONU, deben pasar un examen para revisar la situación de los DDHH, en cada País miembro. En este periodo España, pasa este examen. El resultado de esta revisión de los DDHH de todos estos países miembros de la ONU, es reflejado en un informe final, que indica las recomendaciones que ese Estado examinado, tendrá que implementar, antes de la próxima sesión.

Cinco organizaciones vascas han remitido alegaciones al Comité: SARE, ETXERAT, Asociación de Abogados Eskubideak ELEAK-Libre Mugimendua y Behatokia-Observatorio vasco de Derechos humanos. Podríamos resumir el hilo conductor de todas estas alegaciones en la persistencia en el Estado español de una excepcionalidad antiterrorista que ha invadido la actuación policial, penal y penitenciaria y que, a día de hoy persiste sin ninguna expresión de violencia política que podría servirle de excusa.

Las alegaciones presentadas por las cinco organizaciones:

La denuncia de la vulneración de derechos que sufren los presos y presas vascas con la política penitenciaria de excepción; el alejamiento a cientos y miles de kilómetros de los y las presas vascas, la situación de los presos gravemente enfermos, así cómo, la no aplicación del cómputo de penas y su consecuente doble condena, entre otras situaciones.

La vulneración que los familiares de estos presos y presas vascas sufren, así como el peligro al que son sometidos cada fin de semana, recordando que son ya 16 las personas que han perdido la vida en la carretera camino a visitar a sus familiares presos.

El “caso de Altsasu” por el que un altercado nocturno sin consecuencias de gravedad en la que se ven envueltos dos agentes del Estado ha conllevado gravísimas acusaciones de terrorismo contra varios jóvenes que han sufrido penas altísimas de prisión desproporcionadas.

La preocupación por la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección Ciudadana generando un claro incremento de los abusos policiales y de la vulneración de derechos fundamentales de reunión, manifestación, reunión y la libertad de prensa y otorga armas exacerbadas para la represión contra la crítica política y la movilización social.

Por último se traslada la preocupación por la persecución a defensores de los derechos humanos y activistas de apoyo profesional y solidaridad con personas presas, que realizaban una actuación pública, transparente y pacífica.

Estas son las bases de las alegaciones presentadas que mañana defenderemos en Ginebra en una rueda de prensa conjunta, en la que pedimos a la Comisión medidas para que se dejen de vulnerar todos estos derechos por parte del Estado Español.