Albisteak

La Red Ciudadana Sare valora positivamente la noticia recibida sobre la concesión del tercer grado a Jagoba Codo, Fernando Alonso y Xabier Agirre

Desde Sare, aunque todavía está por ver cómo será su ejecución, queremos subrayar que se trata de una noticia positiva. Desde Sare llevamos tiempo reclamando una progresión de grado para los presos vascos hasta ahora bloqueada de forma generalizada, entendiendo que todo preso tiene derecho a esa progresión y que esa progresión es el paso y el camino que hay que tomar para poner en marcha en el proceso de vuelta a casa.

En este sentido, queremos señalar que, aún hoy en día, la mayoría de los presos y presas vascas no ha accedido a esta progresión de grados, pese a cumplir los requisitos. Por ello, ante esta noticia, solicitamos que se imponga al resto de presos vascos la posibilidad de realizar este camino y esperamos que el de hoy no sea un caso aislado para estos tres presos, sino los primeros indicios de los pasos que se van a dar para acabar con la legislación de excepción y aplicar la legislación ordinaria. Es hora de terminar con esta situación y poner en marcha el camino de los presos a su domicilio en el marco de la legislación correspondiente.

Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, no queremos olvidar que ahora que Covid-19 ha entrado también en las cárceles, los presos vascos que se encuentran en condiciones especialmente vulnerables deberían estar cumpliendo en casa el correspondiente confinamiento, tal y como recomiendan desde la UE. En este sentido, informamos que desde Sare hemos solicitado directamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se establezca la aplicación de esta solicitud de acuerdo con el artículo 86.4, que permite el traslado de estos reclusos a sus viviendas, estableciendo las medidas de seguridad necesarias.


Entidades sociales siguen exigiendo al Ministro del Interior e Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas

Entidades sociales siguen exigiendo al Ministro del Interior e Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas

• Urge la excarcelación, entre otras, de personas mayores de 70 años, enfermas graves o con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas
• Se solicita, además, la adopción de medidas encaminadas a retomar la actividad dentro de las prisiones

Esta mañana, aprovechando la comparecencia del Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, numerosas entidades sociales han hecho llegar a los Diputados y Diputadas un escrito con las medias que urge adoptar por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para hacer frente al Covid- 19 en las cárceles y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas presas.

Esta petición, en parte, viene a reiterar la que ya realizaran el pasado día 23 de marzo a los distintos grupos políticos que componen la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, a través de la cual ponían en su conocimiento la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad durante la pandemia provocada por el Covid-19 y solicitaban la adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas.

Según indican las entidades, y a pesar de que entre personas presas y personal funcionario ya se contabilizan un millar en observación médica o cuarentena y 238 positivos en Covid-19, “ni el Ministerio del Interior ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas” ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos por los Organismos Internacionales. Todo ello a pesar de que incluso el Defensor del Pueblo Español haya declarado que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio penitenciario son “plenamente” compartidas por esa institución.

En cuanto a las medidas adoptadas hasta ahora por la Secretaría General se denuncia por parte de las entidades que “no se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas.” El protocolo aprobado en el día de ayer con MUFACE de hacer pruebas, muy tardío, solo servirá para el personal funcionario, no para las personas presas. Tampoco la adquisición de 200 terminales de móviles para 50.500 personas presas en el estado, sin contar Cataluña, sirven para el fin perseguido. El mismo número fue adquirido en Cataluña para las 8.500 personas privadas de libertad en sus cárceles.

Por último, y tras más de un mes de aislamiento, las entidades sociales evidencian la necesidad de revocar la situación creada en las cárceles desde el 12 de marzo y exigen que “se retomen, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles”. Igualmente exigen se “retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida… por ser éstas actividades las que dotan de fundamento a la pena privativa de libertad según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución.”

Así mismo se recuerda que el Estado Español se encuentra entre los países con una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental y con una de las medias de privación de libertad más elevadas de todo el continente europeo y donde el número de profesionales de la sanidad es muy inferior al necesario para dar una correcta atención médica dentro de las cárceles tal y como han reconocido tanto la propia Secretaría General como el Ministerio del Interior.

Organizaciones firmantes:

1. Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
2. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
3. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía,
4. Centre Irídia,
5. Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
6. Comision Legal Sol,
7. Etxerat,
8. Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
9. Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
10. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
11. Oteando,
12. Red Jurídica,
13. Salhaketa Araba,
14. Salhaketa Bizkaia,
15. Salhaketa Nafarroa,
16. Sare Herritararra - Red ciudadana Sare.


Entidades sociales instan a la sociedad Navarra a exigir al Gobierno de España un plan de medidas en política penitenciaria

Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra han hecho público esta mañana un manifiesto en el que apelan “al conjunto de la ciudadanía de Navarra, a todas las instituciones, agentes sociales, sindicales y políticos para que se unan en la exigencia al Gobierno de España a que con urgencia diseñe y ejecute un plan de medidas en política penitenciaria que dé cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la OMS y el CPT del Consejo de Europa”.

El pasado día 12 de marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió aislar sus cárceles, permitiendo el acceso a las mismas solo a personal funcionariado de prisiones. Desde entonces más de 70 organizaciones sociales de todo el Estado Español han venido reclamando, entre otras medidas, la excarcelación de personas presas como mejor y única medida para prevenir los contagios por covid-19 en las cárceles y para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas presas.

Las entidades sociales apuntan que “si bien en muchos Estados se han articulado medidas para liberar a decenas de miles de personas encarceladas” se lamentan de que esta no es la medida adoptada por el Gobierno del Estado Español: “Aquí, la única medida que se ha adoptado en política penitenciaria ha sido el aislamiento de las cárceles lo que en la práctica se ha traducido en la restricción de la comunicación de las personas presas con su entorno familiar y afectivo y la eliminación de cualquier tipo de actividad en el interior, incluso de las actividades tratamentales.”

Por ello, desde Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra, hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Navarra, a todas las instituciones, agentes sociales, sindicales y políticos para que se adhieran al manifiesto en el que se exige al Gobierno del Estado Español la excarcelación de las personas presas siguiendo las recomendaciones efectuadas por la OMS y el CPT del Consejo de Europa, se garantice la comunicación de las personas presas con familiares y personas allegadas así como el restablecimiento de las visitas con las personas presas y de las actividades dentro de las cárceles.

“Es cuestión de voluntad política”, señalan, “y vivimos un tiempo en el cual más si cabe que nunca la voluntad política tiene que estar al servicio de la salud y la vida del conjunto de la ciudadanía. También de las personas presas.”


SARE ante la pandemia en las prisiones

La Red Ciudadana SARE, en el inicio de esta pandemia, señaló su preocupación por los problemas que derivados del Covid-19 podían producirse en el interior de las prisiones.

Hacíamos mención entonces a las recomendaciones que diferentes instituciones europeas estaban trasladando a los gobiernos y a los estados, pidiendo la excarcelación de aquellos presos y presas con edades avanzadas, enfermedades graves o que ya han cumplido una parte importante de sus condenas. Se consideraba que las prisiones no eran el lugar más adecuado para poder enfrentarse a una pandemia de estas características.

Pues bien, al Gobierno español y a su Justicia, de nada le ha servido que Naciones Unidas o el Consejo de Europa hayan instado a tomar medidas ni que países como Reino Unido o Catalunya hayan decidido poner en libertad a un número importante de personas presas, para que puedan cumplir el confinamiento en sus casas.

A pesar de la opacidad que el Gobierno español mantiene sobre lo que está pasando en las prisiones, estamos en condiciones de denunciar que el virus ha entrado con fuerza en ellas, y que prisiones como Picassent, Brieva, Córdoba o Estremera, donde hay un numero importante de presos y presas vascos, se encuentran conviviendo con el Covid 19.

Hoy la población reclusa en general se encuentra totalmente aislada del mundo exterior, sin comunicaciones ordinarias ni extraordinarias. Pero los presos y presas vascos lo viven más duramente desde la imposibilidad de hacer uso de las videollamadas a sus familiares, añadiendo una angustia mutua sobre su estado de salud.

Es aún más impactante para los más de 100 niños y niñas “de la motxila”, cuyos padres o madres, o ambos, se encuentran encarcelados a cientos de kilómetros de sus casas. Si en circunstancias normales les supone un gran sacrificio recorrer tan largas distancias, pero la satisfacción de reconocerse, hoy el corte de las comunicaciones presenciales o el impedimento de utilizar las videoconferencias les deja huérfanos temporalmente. Es una inútil crueldad y un doble confinamiento mutuo.

Tienen que acabarse estas legislaciones de excepción que convierten a estas personas presas en objeto de venganza.

Pero a pesar de esta situación, desde SARE queremos mirar el futuro próximo con esperanza. Cuando oímos expresiones en los medios de comunicación, referidas al Covid 19, como “!Saldremos de ésta!”, queremos compartirla pero ¡ojalá¡ lo hagamos, además, con la actitud de construir solidaridad y convivencia.

Se trata de comprometernos a trabajar en el objetivo de exigir el fin de la política de alejamiento, que posibilita, entre otras cosas, que un número relevante de niños y niñas, sigan recorriendo mañana miles de kilómetros para poder abrazar a su familia durante unos minutos.

Ante esta situación, exigimos una vez más la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos y de quienes cuentan con edades avanzadas, así como de aquellos que han cumplido ya, desde hace tiempo, las ¾ partes de condena.


Desde Sare, queremos compartir la siguiente lectura ante la negativa de los Gobiernos a, tal y como han pedido diversos organismos internacionales, liberar a los presos y presas de edades avanzadas y/o enfermedades graves:

Ni el Gobierno, ni la Justicia española, pueden continuar funcionando, como si los llamamientos realizados por diversos organismos internacionales, a la puesta en libertad de presos y presas, con enfermedades graves; o presos con edades muy avanzadas o con largos años de prisión a sus espaldas, no fuera con ellos.

La Comisaria de DDHH del Consejo de Europa o la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han pedido a los Gobiernos, que con premura, pongan en libertad a estos presos y presas, ante la grave situación creada por la pandemia del Coronavirus. Y además lo hagan sin crear excepcionalidades en la aplicación de estas medidas.

El virus ha comenzado ya a entrar en las prisiones. Las medidas de precaución que se pueden mantener en libertad, no son las mismas que pueden aplicarse en espacios masificados de personas y donde las medidas de precaución son imposibles de mantener. Tampoco las medidas de atención sanitarias en las prisiones, son las mínimas imprescindibles para hacer frente a esta situación.

Países como Reino Unido, así lo han entendido y han comenzado a poner en libertad a un numero importante de presos y presas. El Gobierno y la Justicia española, no pueden ser ajenos a estas decisiones y deben de hacerlo, antes de que en las prisiones se produzca una verdadera tragedia.

Desde la Red Ciudadana SARE, queremos dirigirnos al Gobiernos español y francés, pero también, a las instituciones vascas y a los hombres y mujeres de Euskal Herrria.

No permitamos que estas medidas que deben tomarse de inmediato, sean aplicadas, una vez más, excluyendo a los presos y presas vascos.

El régimen de excepcionalidad a la que están sometidos, no puede, también, aplicarse a su condición de persona con pleno derecho a la salud y a un trato digno.

Los alrededor de 240 presos, repartidos en más de 40 prisiones del Estado, y 10 prisiones francesas, no pueden ser una excepción en la aplicación de cualquier medida que sea necesaria para evitar esta tragedia dentro de las prisiones.

– Hay cerca de 40 presos, que tienen entre 60 y 70 años.

– Dieciocho, con enfermedades graves incurables.

– De estos 237 presos, 53, llevan cumplidos más de 20 años de privación de libertad.

– Y 158, más de 15 años de privación de libertad.

– Además, más de 75 presos y presas, tienen ya cumplidas las ¾ de su condena y deberían estar en libertad condicional, a través de la progresión a tercer grado penitenciario.

Reiteramos: hagan algo, pero háganlo ya. Antes de que sea demasiado tarde. Entonces ya no servirán los lamentos. Entonces se habrá cometido una gran irresponsabilidad.


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OPINIÓN | El derecho a la salud de las personas presas en grave riesgo #DíaMundialdelaSalud

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Día Mundial de la Salud: Covid19 en las prisiones

2020.03.27 |Entrevista a Joseba Azkarraga en RADIO POPULAR

NOTA EN RELACIÓN CON LIBERTAD CONDICIONAL DEL PRESO VASCO GORKA FRAILE

La libertad condicional del preso vasco Gorka Fraile es una buena noticia y camina en la dirección que desde SARE venimos insistiendo. [NOTA] Leer aquí 

Ahora más que nunca, ¡Presxs gravemente enfermxs a CASA!

[REPORTAJE] Día Mundial de la Salud, nada que celebrar para los presos y presas vascas

Desde Sare, Joseba Azkarraga apunta que la irrupción del Covid-19 ha dejado en stand-by iniciativas que pueden tener importante recorrido en este problema.

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NOTA EN RELACIÓN CON LIBERTAD CONDICIONAL DEL PRESO VASCO GORKA FRAILE

La libertad condicional del preso vasco Gorka Fraile es una buena noticia y camina en la dirección que desde SARE venimos insistiendo.

Gorka Fraile ha estado disfrutando de diversos permisos penitenciarios y, con su acceso al tercer grado, se ha posibilitado su libertad condicional, según auto del JCVP.

Gorka Fraile es el único preso vasco, de los 237 repartidos en diferentes cárceles de España y Francia, que se encontraba en tercer grado penitenciario, mientras el 80,5% continúan en primer grado, a pesar de que una gran parte de ellos tiene ya cumplidas las ¾ partes de su condena, y debieran de estar en tercer grado penitenciario.

Esperamos que el paso dado con Gorka Fraile no se convierta en una anécdota y que, por el contrario, se comience a aplicar una política penitenciaria diferente, donde el humanismo sea la regla de funcionamiento hacia un colectivo que lleva padeciendo la vulneración de sus derechos más de tres décadas.


NOTA IBON FERNANDEZ IRADI

Con motivo de la sentencia contra la libertad de Ibon Fernández Iradi, Sare quiere transmitir su malestar e indignación. La sentencia de seguir en prisión con la enfermedad que padece Ibon, ¿qué significa? ¿Que Ibon tiene que estar en la cárcel hasta que su muerte sea inminente? La sociedad vasca, los sindicatos y la inmensa mayoría de los partidos políticos han coincidido en señalar una y otra vez, que Ibon debe estar en la calle. Ibon debe estar en casa para ser atendido de forma digna, con el seguimiento de sus médicos de confianza y el apoyo de los suyos, y no ser excarcelado en vísperas de su muerte. Por eso, porque Ibon debería estar en la calle, hoy hemos convocado una concentración en Lasarte a las 20:00 en la plaza Okendo.

Por otra parte, dada la información errónea que se ha difundido desde esta mañana en diversos medios de comunicación, queremos hacer una aclaración, a pesar de que los miembros de Lasarte del PSE ya han rectificado a través de sus redes:
• El ataque denunciado ayer por el PSE contra su sede de Lasarte no tiene nada que ver con las movilizaciones y demandas de Sare respecto a Ibon Fernández Iradi.
• Nosotros, como veníamos haciendo hasta ahora, estamos convocando movilizaciones basadas en consensos y trabajamos para seguir construyendo puentes entre todos y todas, por eso, llamamos a todo aquel que esté a favor de la convivencia y la paz y de la libertad de Ibon a acudir a la concentración de esta tarde.


La iniciativa popular #NIZUBI llama a manifestarse el 19 de marzo en los diferentes puentes de Bilbo

Presentación de la iniciativa popular NI ZU BI en la que han participado, Etxerat, Plataformas a favor de lxs presxs gravemente enfermos y la Red ciudadana SARE.

La posición de la Red Ciudadana SARE, en relación a la situación de los presos graves, con enfermedades incurables:

1.- la condena impuesta por los Tribunales de justicia les priva de su libertad, pero no les puede privar del derecho a la salud y del derecho a la vida. Son derechos inherentes a la persona, también a los que están privados de libertad.

Hoy nos reúne en esta convocatoria la grave situación por la que atraviesa los presos vascos que tienen diagnosticada una grave enfermedad y, a pesar de ello, se les mantiene prisión.

Estamos ante una lista de enfermos graves que se incrementa. Han sido varios los que o bien han muerto en sus celdas, o bien han sido puestos en libertad, para morir en sus casas.

A las personas internas en prisión enfermas graves con padecimientos incurables, el art. 91 del Código Penal reconoce el derecho que tienen para ser puestas en libertad, pero la Administración Penitenciaria está aplicando este precepto entendiendo que estar en peligro patente para la vida es igual que estar enfermo en situación terminal. Esta interpretación olvida que las personas en prisión tienen, también, derecho a la vida. Y es esta la interpretación que utilizaron para poner en libertad, hace unos meses, al preso José Angel Otxoa de Eribe y morir tres meses después. Por eso, decimos, que los queremos en casa y sobre todo que los queremos vivos.

No es cierto que la cárcel sea una escuela de libertad y un marco adecuado para el tratamiento de los problemas de salud física y mental. Para Sare, tal como están pensadas las cárceles, son espacios de inmunidad y de castigo, lo que les convierte en injustas e inhumanas por definición. Las cárceles, bajo la Administración Penitenciaria española, llevan muchos años convertidas en un almacén de seres humanos. De esta forma, la Justicia Penal continúa mostrando su cara más obscena: La del castigo y la venganza.

Queremos dejar muy claro la diferencia existente entre lo que dice el Código Penal y también el Régimen Penitenciario y el uso y abuso que la administración Penitenciario hace de ello. La ley prevé en diferentes apartados la situación especial en la que se pueden encontrar los penados, considerados como enfermos muy graves, con padecimientos incurables y, como con el correspondiente informe médico, deberían ser clasificados en tercer grado, por razones humanitarias y de dignidad personal.

Esa misma legislación dice claramente que deberían recibir un tratamiento digno y que lo deberían recibir fuera de los muros de la prisión.
Los presos gravemente enfermos cumplen todos estos requisitos que la ley indica para que se les apliquen estas medidas y recobren su libertad, pero a día de hoy, siguen presos injustamente. Y ello, porque a todos estos presos y presas vascos se les aplica un régimen de excepcionalidad que los deja fuera del amparo de la propia legislación.

El derecho a la salud es un derecho fundamental, pero es, también, un derecho universal, que debe ser respetado para todas las personas, estén presas o en libertad. Y este derecho a la salud es hoy incompatible con la cárcel.

No existe ley, ni reglamento, ni norma alguna, que indique que cualquier persona, por el hecho de estar privada de su libertad, debe ser, también, privada de su derecho a la salud y a un trato digno.

Y no queremos dejar de manifestar que el cumplimiento de la legislación penitenciaria no puede entenderse como una claudicación del Estado. Poner en libertad a los presos gravemente enfermos no es claudicar. Es cumplir la legislación interna y europea.

Por ello, convocamos bajo la dinámica Ni Zu Bi a manifestarse en los diferentes de puentes de Bilbao, el día 19 de marzo. Tendamos puentes entre diferentes, para construir un futuro mejor.

POR DIGNIDAD, POR HUMANIDAD Y POR JUSTICIA, LOS QUEREMOS EN CASA Y LOS QUEREMOS VIVOS.


NOTA en relación a las declaraciones sobre competencias penitenciarias realizadas tras la reunión entre el Gobierno Vasco y el Gobierno español

Queremos recordar que llevamos años hablando de esta transferencia, tantos como tiene de vida el Estatuto de Autonomía.

Antes que nada, queremos dejar claro que nos faltan elementos para hacer una valoración completa de esta noticia, ya que, desconocemos cuál será el contenido de esta transferencia, porque es muy diferente que:

A) sea la transferencia de la ejecución de la política penitenciaria del Estado
B) o sea la transferencia que permita a Euskadi desarrollar su propia política penitenciaria.

Si es esta Segunda la que se ponga encima de la mesa, puede representar un avance, y por el contrario si lo que supone es desarrollar la política penitenciaria del Estado, sería más de lo mismo.

Por otro lado, en el caso de los presos y presas vascos, esta transferencia debería ser acompañada por la de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria a las Audiencias Vascas, dejando de depender de la Audiencia Nacional.


SARE presenta el informe remitido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de Madrid

Tras la manifestación del 11 de enero en Bilbo, manifestamos la necesidad de trasladar el clamor de la calle y de las instituciones vascas (Parlamentos; JJGG y Aytos), así como la totalidad del sindicalismo, en favor de un cambio en profundidad en la política penitenciaria, a otros ámbitos institucionales fuera del ámbito de EH.

En este sentido, queremos poner en valor, dos cosas:

– la importancia, de que año tras año, decenas de miles de ciudadanos caminen juntos, en favor de los DDHH de los presos vascos.

– y el importante valor que tienen los acuerdos políticos, sociales y sindicales que se han logrado en el seno de la sociedad vasca.

Sociedad civil y acuerdos en instituciones vascas, es lo que, ahora, nos anima a trasladar estas reivindicaciones a las instancias políticas españolas y más en concreto, al conjunto de los partidos y grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Hace unos días, enviamos a todos ellos, el informe que, también, nos comprometimos a elaborar y que hoy, les presentamos a Vds.

Se trata de un informe exhaustivo, donde hacemos un recorrido sobre la situación en la que los presos y presas vascas se encuentran, tras más de 30 años de política de alejamiento.

Desde el año 2011, año en el que ETA tomó su decisión de poner fin a su actividad violenta, hemos sido testigos, de los diferentes pronunciamientos, sobre todo de los Gobiernos de España y de los partidos que los han sustentado, en el que a cada paso que ETA daba, no se ha respondido con un cambio de la política penitenciaria, sino con la exigencia de más cambios.

– se dijo que si ETA abandonaba la violencia, se desarrollaría una nueva política penitenciaria.
– un vez abandonada esta violencia, se dijo, que cuando entregara las armas, se cambiaría esa política peniteciaria.
– y ETA abandono las armas y fue entonces, cuando se exigió la desaparición de esta organización para proceder a un cambio. Y ETA ha desaparecido, y seguimos esperando.

Por ello, es hora de poner fin a esta situación, de exigencia tras exigencia, sin cambio alguno.

Y en este sentido, manifestamos nuestro rechazo, a cualquier otra nueva exigencia, para que la política de alejamiento continúe como hace 30 años. El alejamiento o dispersión, fue una medida política y política debe de ser la decisión de poner fin a ella. No caben ninguna otra exigencia más.